Me la juego por el sí

Sebastián Montañez Cifuentes

No le creo al presidente Santos ni a su propuesta de paz estable y duradera; no olvido que fue Ministro de Defensa en el gobierno del ramplón de Uribe y que, bajo su responsabilidad, racimos de jóvenes fueron asesinados por las fuerzas militares y presentados con descaro ante la opinión pública y ante sus familiares como milicianos de las guerrillas; solo por mencionar algo. Tampoco, debo decirlo, la lucha armada ha logrado virar el modelo excluyente de país que nos ha gobernado desde siempre, por lo contrario hoy día alimenta una maquinaria de guerra y venganza, engordada durante los últimos sesenta años por diversos intereses de sectores sociales privilegiados.

Reconozco el derecho legítimo que tienen los pueblos oprimidos para organizarse y defender su vida de sus opresores y asesinos, pero desde hace rato la violencia —de todos los bandos— ha sido un mecanismo incapaz de tramitar los conflictos políticos de este país, que desde siempre se han pretendido remediar con sangre; en cambio, sí ha sido efectiva para poner en movimiento una rueda de muerte exacerbada. La violencia no ha logrado consolidar una forma en la que puedan converger los distintos países e intereses que delinean el mapa de Colombia.

La guerrilla de las FARC-EP, atenta a la lectura del momento histórico, se convenció de la propuesta de paz no solo por sus perspectivas ideológicas, sino porque la paz con Santos —luego de tantísima sangre— es la salida más digna para su gente y en la que, irónicamente, más vida y participación política se les puede avalar. La maquinaria de guerra del Gobierno no pudo acabar con la insurgencia, ni esta alcanzó el poder, la legitimidad y el respaldo suficiente para gobernar un país bajo su mandato. En ese camino maltrecho ambas partes se han equivocado en sus pretensiones y han causado heridas profundas a ese pueblo que dicen defender.

Parto del hecho histórico que aquí en Colombia todos los bandos armados han causado daños despiadados a la población civil y a sus territorios, y que, en ese sentido, la responsabilidad de que este sea un país con más 8 millones de víctimas deber ser asumida de manera colectiva. Sin embargo, el compromiso, la responsabilidad y participación en el desangre no son las mismas para todos los casos. El Estado por definición está a cargo de administrar el monopolio de las armas para —se supone— proteger a la población civil de cualquier amenaza. En este país, no obstante, el discurso oficial antisubversivo ha sido el caballito de madera para justificar la persecución, estigmatización y aniquilamiento de la población civil organizada no alzada en armas. Aquí, hay que decirlo, vulnerar a la población civil ha sido una política de Estado avalada por las instituciones y sus dirigentes, y estratégicamente coordinada con grupos paramilitares. Se entiende, entonces, que la lucha armada no solo ha sido una forma agobiada de participar en la disputa por el poder sino, también, un mecanismo de defensa de la vida. En este contexto complejo, las comunidades diversas se dan las mañas para sobrevivir al terror, renacer y volver a resistir.

La guerra de hoy es una herencia de otras guerras tercas, administradas por las mismas manos que hicieron de la política institucional propiedad exclusiva. Pactaron su país y dejaron de lado a los pueblos que conforman el país, arrinconaron la resistencia campesina en los montes, acallaron la voz de la disidencia con el tajo de la muerte y quisieron (como hoy) desaparecer a quienes se oponen a las formas tradicionales, clientelistas, racistas, sexistas y privilegiadas de gobernar; excluyeron de su pacto nacional a quienes se dan la pela por transformar sus realidades y a quienes se han rebelado por intentar forjar sus vidas dignas día a día en la autonomía.

No sorprende que en este país la guerra devastadora siga siendo una manera vigente y legitima de gobernar. Es extraño que le pregunten a las poblaciones que habitan las fronteras de un país si quieren la paz o si prefieren seguir con el incendio de la guerra. De ganar el no, de seguro que este pueblo no tendrá otra oportunidad como esta y, una vez más, la sinergia violenta nos irá envolviendo en los ropajes de la ira, y nos volveremos frustración y seres humanos que cargan la muerte entre los dientes. Seguir insistiendo en esa manía de matarnos es seguir perpetuando el monopolio de esos que les da pavor que los pueblos conversen, porque saben que cuando se articulan las resistencias, cualquier cadena tiembla.

A pesar de la incertidumbre de no saber con exactitud qué viene para el país, me la juego sin titubeos por el sí, y celebro el esfuerzo coordinado del presidente Santos, el de su comitiva, el del comandante máximo de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, y el de su delegación. Además, por supuesto, la presencia de varios de los sectores de la sociedad civil, en especial las víctimas que, aunque no participaron directamente de las negociaciones, sí han hecho visibles sus recomendaciones y han respaldado el proceso más allá de sus dolores personales. En estos años, allá en la Habana se sentaron a conversar dos posiciones enfrentadas militarmente para negociar aspectos centrales del funcionamiento del país. En ese andar ambas partes cedieron en sus convicciones y alcances con la intención firme de parar tantos años de sangre.

Este atrevimiento es de por sí una lección de vida para el país y, más allá de sus alcances y limitaciones, hay que jugársela —aquí y ahora— por defender la resistencia con las palabras y no con más balas mientras exista el firme compromiso de respetar la vida de quienes piensen distinto y luchen por transformar sus realidades en sus territorios; hay que, por fin, hacer el deber de aprender de los pasos perdidos, y de los anteriores procesos inacabados e incumplidos. Votaré por el sí porque estoy convencido de que “hay que mirar para atrás desde adelante, no con los ojos nuestros sino con los de nuestros nietos”, como bien lo afirmó Alfredo Molano en su reciente especial sobre el conflicto armado publicado en El Espectador. Quiero insistir en el sí porque no es saludable para ningún ser viviente ni hábitat seguir heredando las crueles repercusiones de las guerras, ni tampoco continuar alimentando el apetito atroz de la venganza en cada paisano.

Quiero pensar o, mejor, creer que esta oportunidad es sensata para que, al menos, los balazos entre la guerrilla de las FARC-EP y las fuerzas armadas cesen de una vez por todas. Esto es, a simple vista, un hallazgo político. Esto significa que, al menos en el papel, no habrá más civiles, ni soldados, ni guerrilleras, ni guerrilleros asesinados por sus prójimos en el contexto del enfrentamiento fiero entre las FARC-EP y las fuerzas militares. Esto no significa, por supuesto, el fin de la guerra, pero sí es una oportunidad para que nos demos un suspiro y aparezca, por fin, en medio de tanto desparecido, el resplandor creativo de la paciencia, el respeto y la palabra. El sí es el intento posible para paralizar algunos de los disparos y encontrar en las palabras el eco que los fusiles acalla.

La firma del acuerdo entre las FARC-EP y el Gobierno no representa el inicio espontaneo y milagroso de una “paz estable y duradera”. Sin embargo, sí parece ser el fin de un conflicto armado de intereses económicos y posturas políticas divergentes entre dos actores que durante estos últimos sesenta han estado en combate a muerte. Que se silencien sus fisiles es, desde luego, un paso maduro que dan en conjunto ambas partes para, ahora sí, después del desastre, intentar volver a armar este rompecabezas. Para ello se precisa, por un lado, de las garantías serias del Gobierno de seguridad y de respeto a la rebeldía que deja sus armas, a esos y esas que están dispuestos a regresar de las montañas para participar de las vías políticas y democráticas. Se espera, entonces, que el Estado no vuelva a organizar su asesinato y desaparición, y que no se siga persiguiendo y devastando al movimiento social. De otro lado, se precisa también de la seriedad de la guerrilla de las FARC-EP con su compromiso ético de dejar su lucha armada para participar de la vida política del país, además de su articulación política y civil a ciertos sectores de la sociedad organizada. Ambas partes ofrendan su palabra al presente, y a la proyección de posibles futuros menos sangrientos.

Votaré por el sí, sin duda. Votaré por el sí así el paramilitarismo se esté re-acomodando, así Santos y sus secuaces los quieran enfrentar ahora para, luego, regresar a su nido, a su proyecto de país pero sin las armas de las FARC. Votaré por el sí convencido de que es una oportunidad para que, por fin, afrontemos colectivamente nuestra tragedia y hagamos un esfuerzo ético y responsable con y para nuestras víctimas humanas y naturales. El sí es la decisión así quede en el tintero la negociación con el ELN y la desarticulación de un proyecto de país: el paramilitarismo, del cual han sido participes y promotores el señor Santos y el señor Uribe. De modo que, muy a mi pesar, los muertos de seguro seguirán deambulando por ahí, pero serán miles de menos, y eso trae consigo un cambio inmenso en la defensa de la vida y de la memoria de quienes han sido asesinados.

Es claro, entonces, que votar por el sí implica un deseo de participar de lo que viene, desde donde se pueda y se quiera, es decir, de estar al tanto de lo que sucede en estos territorios con sus gentes, con sus recursos. Es responsabilidad nuestra vigilar y exigirle al Gobierno y a las FARC-EP que cumplan lo que acordaron y no traicionen nuestra confianza pero, sobre todo, es urgente que desde ya se propongan las alternativas para que las posturas políticas de la oposición (incluyendo la de las FARC-EP, desde luego) no sean masacradas como históricamente ha sucedido. El movimiento social y los pueblos diversos que sobreviven en estos territorios que hacen Colombia merecen que se les respete la vida digna y que no se les persiga por resistirse al abandono. No pueden seguir engrosando la lista de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos para soltar el miedo y la zozobra de caería en las regiones. El reto es colosal: no solo se le debe exigir al Gobierno que negocie con las FARC-EP y el ELN para que su enfrentamiento sanguinario cese sino, sobre todas las cosas, es urgente poner el ojo en quienes también disparan para asesinar e intimidar a los líderes sociales y sus comunidades.

Este momento es significativo. Recordar, llorar, secar las lágrimas e intentar caminar un paso a la vez hacia el futuro. Es una oportunidad para que las organizaciones sociales se fortalezcan y continúen tejiendo sus lazos; también es el criadero para que la extrema derecha siga persiguiendo y aniquilando la diferencia. No basta, por ello, con votar. Es precisa nuestra verificación en la implementación y, en especial, nuestras propuestas para acompañar, participar, complementar y profundizar el proceso en las zonas rurales, pues es en los campos y territorios históricamente afectados por la guerra donde se supone estos acuerdos deben abrirse paso con la participación decisiva de las comunidades que allí viven.

Yo votaré por el sí porque Colombia tiene una deuda de sangre con las gentes que se han resistido. Desde luego lo que se viene será muy complejo para todas las poblaciones, en especial para las que históricamente han padecido el rigor de la guerra, el desgaste y menos precio de sus vidas. Hoy quiero creer en la voluntad, en la firmeza y en el poder de resistencia de las comunidades afro, de los indígenas, de los campesinos, de los y las que deambulamos estas ciudades intentando aportar un algo a la trasformación de este país naufragado. Votaré por el sí porque es un deber con todos nuestros muertos, desplazados, desaparecidos, en fin, con todas nuestras infinitas víctimas que llevamos adentro.

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