LA CURIOSIDAD DE ESCUCHAR OTRAS VERSIONES

*Sebastián Montañez Cifuentes

Fotografías: Don Jumento — cubrimiento movilización Ríos Vivos Antioquia

La semana pasada arribaron a Bogotá 8 delegados y delegadas del Movimiento Ríos Vivos Antioquia con el objetivo fundamental de compartir sus preocupaciones y propuestas, a propósito del desastre ambiental, económico, cultural, político y social producido por el mega proyecto Hidroituango. Estas personas son voceras de las comunidades cañoneras, de organizaciones sociales, pesqueras y barequeras del occidente, norte y bajo Cauca. Hidroituango está localizado en el noroccidente de Antioquia, en un cañón entre las cordilleras central y occidental, y es la obra de infraestructura de mayor envergadura construida en el país.

Vale la pena mencionar que el Movimiento Ríos Vivos Antioquia desde hace más de 10 años se ha convertido en un espacio de encuentro y resistencia, para algunas de las comunidades y organizaciones sociales que habitan en el cañón del río Cauca. No es la primera vez que vienen a Bogotá a socializar con las gentes urbanas las problemáticas que tienen que sobrevivir de día y de noche las comunidades rurales, como consecuencia inmediata de la propuesta de desarrollo del país. En repetidas ocasiones han venido aquí a tratar de abrirnos los ojos y a tejer lazos. La ciudad es ingrata y poca atención se les prestó.

La soberbia de Empresas Públicas de Medellín (EPM), la inoperancia del Estado, la indiferencia miope de las poblaciones urbanas y el cubrimiento cómplice de algunos medios de comunicación nacionales ocultan una crisis humana y ambiental sin precedentes. No es la primera tragedia predecible que dejamos que suceda en este país extraño. Solo por mencionar dos ejemplos recientes vale la pena recordar la inundación de Salgar, Antioquia en el 2015; y la avalancha que arrasó con Mocoa, Putumayo en el 2017.

Los llamados desastres naturales en Colombia no son, entonces, naturales, no son responsabilidad de la naturaleza maltratada, sino sobre todo son consecuencia de nuestra irresponsabilidad como seres humanos. En todos los casos quienes sabían del riesgo, o no lo tomaron en serio, o prefirieron voltear la mirada. Es evidente que la negligencia de la gente especializada y de los funcionarios públicos no solo es consecuencia obvia de la ignorancia indiferente, sino también de su decisión arrogante y ambiciosa de no escuchar a quienes ancestralmente han vivido en esos territorios. De otra parte, la improvisación ha hecho que se ejecuten medidas de protección y prevención mediocres, pues han pretendido calmar la jauría con apenas el olor a carne. Los medios han repetido como loritos mojados lo que los responsables de turno dicen: “hicimos lo que había que hacer”, “no era nuestra intención, pero…”.

Lo cierto aquí es que en el caso de Hidroituango, también, han ignorado las advertencias que organizaciones sociales y comunidades campesinas, pesqueras y barequeras han venido denunciando desde que el proyecto inició su planeación. El Movimiento Ríos Vivos Antioquia desde siempre se ha opuesto al megaproyecto, y su proceso social de denuncia, organización y lucha popular contra los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales, ha tenido un costo humano demasiado alto: el Movimiento ha documentado 152 ataques en contra de sus integrantes; cuatro personas han sido asesinadas junto con dos de sus familiares por presuntamente oponerse al proyecto y liderar procesos sociales y de defensa ambiental; dos han sufrido intentos de asesinato, y hay al menos 63 casos de amenazas y persecución por parte de grupos paramilitares. Como si no fuera poco, se han hecho dos ataques con explosivos, se sabe de dos casos de tortura y un intento de desaparición forzada. Un cierre macabro: se registran al menos 17 casos de difamación a miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia y 10 casos de discriminación a personas relacionadas con sus actividades colectivas y comunitarias en defensa de la vida y los recursos naturales de la región.

A estas alturas de nuestra historia cínica, ya hay indicios serios de investigaciones que nos revelan la participación descarada de paramilitares del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) —a finales de la década del 90 y comienzos del 2000— en operaciones militares que favorecieron el desarrollo del proyecto de construcción de la hidroeléctrica más grande del país: “el orgullo nacional” de Hidroituango.

Como dirían nuestros grandes especialistas: “las cifras son certeras”. No solo la fauna y la flora han sido víctimas del desarrollo desalmado de Hidroituango, sino también los seres humanos que han vivido ahí durante regueros de años. Dicen esas voces ignoradas y las cifras oficiales que en el cañón del río Cauca hay al menos 600 cuerpos enterrados a la deriva, resultado del accionar paramilitar durante 62 masacres, en los 12 municipios de la zona de influencia del Mega proyecto. Muchos cuerpos fueron arrojados como despojos de comida de tigre desde el puente El Pescadero, situado a unos 40 minutos de la finca La Carolina (jurisdicción de Yarumal). Dicen los entendidos que ahí, en ese mismísimo lugar, fue creado y entrenado el grupo paramilitar los 12 Apóstoles. Dicen las investigaciones que el señor Santiago Uribe tiene uno que otro nexo con estos sucesos. Ah, por si no se acuerdan, el señor es el hermano de nuestro senador Álvaro Uribe Vélez. Con el lleno total de la represa se pretende estrangular una vez más la esperanza de muchas familias de encontrar los cuerpos de sus familiares desaparecidos, y de encontrar un algo de verdad. En fin. No son coincidencias, son puros azares de la vida cotidiana.

La confrontación armada en la región del cañón del río Cauca, además de causar daños irreversibles como la desaparición forzada y la creación de un ambiente de terror, se convirtió en el mejor pretexto para desarraigar a las gentes de sus territorios y, así, de manera certera, atornillar un modelo extractivista, basado en la exclusión y la explotación. Para que vayamos entendiendo o, al menos, visualizando las dimensiones de esta tragedia ambiental y social sin precedentes, es indispensable saber que en el cañón del río Cauca viven más o menos 180.000 personas, y aguas abajo hay más o menos unos 200.000 habitantes en los municipios de la zona de influencia. En otras palabras, estamos hablando de que hay mínimo 400.000 personas afectadas de manera directa y descarnada por las gracias de nuestra ingeniería servil.

No es sorpresivo, pues, que en Colombia, las decisiones éticas y técnicas sobre los riesgos ambientales sigan estando en las manos de unos pocos “expertos”, contratados por las mismas empresas interesadas en su viabilidad. Los desastres ambientales y sociales producidos por Hidroituango, Chirajara, el pozo Lizama y el último derrame de petróleo en Puerto Wilches que corrió agua abajo por el Magdalena, encarnan la lamentable situación. Vale la pena recordar que el Proyecto Metro de Bogotá en la actualidad sigue el mismo modelo. En fin. Sabemos que en la región del cañón del río Cauca no solo ha habido desplazamientos forzados por razones del conflicto armado, sino también por intereses económicos y políticos, amparados por Empresas Públicas de Medellín (EPM) y por todos sus aliados nacionales e internacionales. Este mega proyecto, de orgullo empresarial antioqueño, parece ser un crimen empresarial contra el ambiente, la fauna y todas las comunidades que allí han vivido desde tiempos ancestrales.

Este proyecto de orgullo nacional tiene influencia en más de 26 mil hectáreas de tierra y en 19 municipios. Hasta el momento, según varios registros, se ha talado bosque seco tropical en proporciones alarmantes (en estado de extinción a nivel mundial, con escasa cobertura en el territorio nacional), y sus deshechos vegetales han sido arrojados al río Cauca, sin considerar ninguna de sus repercusiones ambientales y sociales. En su momento EPM insistió en que la causa de la emergencia era resultado de una falla geológica inesperada, mientras que Ríos Vivos Antioquia denunció que la crisis se agudizó, entre otros factores, porque el material vegetal produjo un taponamiento de los túneles. Ante el peligro de un rebosamiento de la represa y la carencia del mínimo control sobre las aguas, decidieron inundar el costoso cuarto de máquinas, sin siquiera haber entrado en servicio, con el propósito de tratar de evacuar el agua represada.

Lo cierto aquí es que las autoridades ambientales han tenido un comportamiento cómplice con el seguimiento y regulación al proyecto y con el poder empresarial antioqueño. Desde la comodidad del privilegio, EPM y sus aliados insisten en cómo dar viabilidad a sus intereses económicos y políticos, mientras las comunidades ribereñas hoy sobreviven en condiciones hostiles, sin saber qué va a pasar mañana. No hay que olvidar que este desastre ambiental y social sin precedentes es una realidad nacional que se ha ido desmantelando a medida de que las comunidades agrupadas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia han ido denunciado y haciendo un llamado a la sociedad en general sobre las verdaderas repercusiones de Hidroituango. Llevan más de 10 años alzando su voz en contravía y ha sido poca la atención que la sociedad en general le hemos prestado. Por el mero respeto, por la curiosidad de escuchar otras versiones, por la necesidad irremediable de defender la vida, por la memoria de las personas desaparecidas, asesinadas, estigmatizadas y criminalizadas, es el momento de darnos la oportunidad de desmantelar la indiferencia hipócrita que tanto nos han enseñado. La tragedia humanitaria y ambiental que vive hoy la zona de influencia del megaproyecto Hidroituango no es natural, reciente ni fortuita. Tampoco es una telenovela.

*Docente universitario, escritor, fotógrafo, investigador del Equipo Colombiano en Investigación en Conflicto y Paz (ECICP)