Intervención MOVICE: 9 de abril 2018, ante el Senado

Don Jumento publica las palabras leídas ante el Senado  por el vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Erik Arellana Bautista, a propósito de la conmemoración del 9 de abril: día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas. Publicamos estas palabras por escrito con el propósito firme de contribuir a la difusión y visibilización de su mensaje.

Buenas tardes,

Queremos agradecer en nombre de las Víctimas de Crímenes de Estado que nos den un espacio para presentar nuestras preocupaciones por la falta de compromiso que se ha tenido con la implementación de los acuerdos de paz por parte del Congreso de la República, expresada en los múltiples obstáculos para darle vía a los proyectos de ley que nos permitirían empezar a reconstruir el país en busca de una paz, estable y duradera.

Por el contrario, nos hemos enfrentado a que en este congreso nos negaran la posibilidad de que las víctimas estuviésemos representadas con nuestra propia voz, con nuestras propias curules. Nos preguntamos si esa es la respuesta “democrática” a los millones de víctimas que han dejado los 70 años de guerra en Colombia desde el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán. Aunque los crímenes de estado ya habían sido denunciados por él en este recinto, como lo ocurrido en la masacre de las bananeras y que con mentiras negacionistas dicen ciertos congresistas que fue un mito y con insultos piden a los vagos que estudien proyectando ignorancia e irrespeto. Debería establecerse un examen de historia colombiana para poder ser representante o senador y evitar así que la Falacia y la mentira sigan siendo un denominador común y no se promuevan desde este lugar más crímenes contra quien piensa diferente.

El genocidio contra el movimiento gaitanista, denunciado por su hija en múltiples ocasiones, el perpetrado contra la Unión Patriótica, los asesinatos a líderes de A – Luchar, el exterminio sistemático contra el movimiento social y contra el sindicalismo, contra los estudiantes y las comunidades indígenas y afrodescendientes que defienden derechos colectivos ha sido el hilo rojo de sangre o el denominador común que marca la política colombiana. La persecución contra el pensamiento crítico, la estigmatización perversa contra defensores de derechos humanos y contra quienes defienden el derecho al territorio, la persecución constante y las graves amenazas que continúan lamentablemente acabando con la vida de los líderes sociales ha sido la consecuencia de esas políticas que nos han dejado marginados y excluidos de estos escenarios que sustentan la “democracia más vieja del continente”. ¿Pero nos seguimos preguntando si es una respuesta “democrática”? Es una aberración no permitirnos discutir con ustedes sobre la legislación que debe tener un país donde uno de cada 6 habitantes ha sido víctima de esta guerra que sigue alimentando odios y dejando nuevas víctimas,nuevos desplazados en los que en magnitud compartimos con Siria el primer lugar. Colombia ha expulsado de su territorio a medio millón de compatriotas que desterrados y condenados al exilio miran desde la distancia como el rumbo del país podría brindarles la oportunidad y el derecho a retornar.

Desde la firma de los acuerdos han sido asesinados casi tantos líderes sociales y activistas y defensores de derechos humanos como el número de congresistas que tiene este país. Y he ahí la razón de nuestra indignación, que quienes han defendido la vida sólo representan cifras muertas en esta democracia estéril que no permite retoñar la esperanza. Hemos confiado y apostado a la PAZ, como víctimas de crímenes de estado respaldamos los acuerdos que trágicamente han sido incumplidos por la falta del compromiso del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y de los parlamentarios que incumplen con su deber de votar por el fin del conflicto y se ausentan y aducen a argumentos hipócritas como la objeción de consciencia.

Esperemos que estas afirmaciones no nos cuesten el derecho a la vida, que podamos seguir reclamando, exigiendo y denunciando que la paz solo es posible a través de la consolidación de la justicia social, como lo exigía Gaitán.

Para concluir queremos expresar nuestra indignación con el incumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Final, incumplimiento no solo a la nación Colombiana, a sus ciudadanos y las víctimas sino a toda la comunidad internacional que apoyo y respaldó el proceso de paz. Y frente a ello un ejemplo fatal como el proyecto de decreto reglamentario de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), con el cual se pretende restringir el derecho de las víctimas a las medidas de indemnización individual por vía administrativa. Con el argumento de la austeridad, ustedes pretenden restringir derechos fundamentales, mientras miles de millones de pesos para la paz, y para las víctimas, son desviados a manos de los de siempre, los que se han visto beneficiados por la guerra, y ahora quieren sacarle lucro a la paz.

Una última solicitud a este Congreso y un mensaje al siguiente, gobiernen con y para la gente de este país, para fortalecer las instituciones y la legalidad y no a sus detractores. Busquen a los miles de desaparecidos, encuéntrenlos y devuélvanlos a sus familias, no sean cómplices de prácticas como la que sucede en los municipios afectados por Hidroituango en donde se pretende inundar la posibilidad de hallar a los desaparecidos que fueron arrojados a los ríos y enterrados por los barequeros y pescadores para que no siguieran flotando insepultos, sin nombre ni identidad alguna. No sigan promoviendo prácticas que nos mantienen al lado de Haiti y Somalia como una de las tres naciones del planeta con mayores índices de desigualdad social. No sean cómplices de más violencia, odio e indiferencia, actúen como los honorables ciudadanos que esta tierra merece y necesita.

Muchas gracias.