El rumbo anunciado de la muerte

Don Jumento decide compartir con ustedes el artículo “El rumbo anunciado de la muerte”, inicialmente publicado el 22 de febrero de 2017 en REMA—ACPP, porque consideramos que, desafortunadamente, los hechos aquí descritos casi 10 meses después siguen vigentes.

El asesinato despiadado de líderes y líderesas del movimiento popular en Colombia no cesa. En lo que va corrido del año 2017, la vida de 61 personas ha sido cegada por defender los intereses colectivos de sus comunidades por encima de las economías privadas de unos cuantos pocos.

Es inaudito que en un país donde se ha galardonado al presidente Santos como Premio Nobel de la Paz, el Estado colombiano no haga sus mayores esfuerzos por evitar la desbandada de violencia sistemática contra las gentes rurales de este país.

Solo por mencionar los hechos sucedidos en estos últimos días vale la pena recordar:

  1. Al menos 13 personas murieron durante el enfrentamiento que reventó en medio de un torneo de fútbol en el corregimiento Pueblo Nuevo del municipio Magüí Payán, a orillas del río Patía, en el departamento de Nariño, el pasado 27 de noviembre. De acuerdo con la información variada que hasta el momento se conoce, integrantes del ELN y el grupo Resistencia Campesina sostuvieron una acalorada discusión verbal que luego desembocó en un enfrentamiento armado. Vale la pena mencionar que, si bien hay un comisión encargada de verificar lo sucedido, las personas sobrevivientes tienen temor de contar sus relatos y el acceso al corregimiento es complicado. Por tierra no existe ningún camino y por río, dicen, se gastan más o menos 8 horas desde Tumaco. Además de la lejanía, la seguridad es un asunto enredado. Lo cierto aquí es que todavía no existe una prueba contundente que comprometa de una vez por todas a una organización armada, y que allí murieron asesinadas al menos 13 personas entre combatientes y civiles. Como Puerto Nuevo, en Colombia existen muchos lugares indeterminados donde no hay vías de transporte, mucho menos medios de comunicación, ni presencia de las instituciones estatales.
  2. De acuerdo con la información suministrada por la Red de Comunicadores Populares del Sur, en la madrugada de este lunes 4 de diciembre fue asesinado el líder social Luis Alfonso Giraldo, en el corregimiento de La Carmelita, zona rural del municipio de Puerto Asís, departamento de Putumayo. Según las primeras versiones, encapuchados le propinaron disparos a Giraldo, además amenazaron a otro líder social de la zona antes de irse. Luis Alfonso Giraldo fue el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Brasilia, ubicada en el corregimiento La Carmelita.
  3. En el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Ariel Aldana de Tumaco, este fin de semana fue asesinado Richard Paui Canticus, en momentos que se desarrollaba una reunión con la comunidad de La Variante y la Cooperativa de Vivienda 24 de mayo.

Sebastián Montañez Cifuentes

Los asesinatos indiscriminados a líderes y lideresas del movimiento popular en varias regiones del país no paran. El señor Santos no persigue a los culpables porque sobrevive todavía una alianza estratégica entre algunas élites económicas y políticas con el paramilitarismo. Luego de tantísimos asesinatos ¿ahora si tendrá la voluntad ética y política para reconocer que en ese país que gobierna las atrocidades y genocidios tienen nombre propio y no, precisamente, son solo las FARC-EP?

Conociendo la naturaleza tramposa y soberbia del señor Santos es evidente que poco o nada le importa la vida de esos y esas que de día y de noche se dan la pela por intentar un proyecto de país distinto. Es absurdo que nuestro Nobel de Paz avale en absoluto silencio el asesinato sistemático del movimiento social y popular del país. Descarado el Fiscal Néstor Humberto Martínez quien se ufana al afirmar que acá, en este país de paz, el paramilitarismo dejó de existir hace mucho tiempo.

Por mencionar apenas otras andanzas del Gobierno Santos vale la pena recordar que, en este momento, mientras usted lee, en la Guajira un genocidio por hambre y sed ocurre. Los pueblos Wayúu están muriendo abandonados, y siendo doblegados por la acuchillada de la corrupción, la indiferencia esquiva de un país y sus gobernantes, mientras todo el carbón del Cerrejón es regado con agua dulce. En fin. Nuestro Nobel de Paz deja morir a sus pueblos en total impunidad sin mover un solo tentáculo de su poder para cambiar en algo el rumbo anunciado de la muerte.

Es curioso, de otra parte, que desde que las FARC-EP (hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) cesaron sus actividades militares e iniciaron su concentración en las zonas veredales de transición para la dejación de las armas y, posteriormente, iniciar su proceso de reincorporación colectiva para asumir su participación política de manera legal, la cifra de asesinatos viles de líderes y lideresas del movimiento social y popular aumentaron descaradamente. Ahora que a al coco de las FARC no se les puede echar la culpa de todo el desastre que somos como país, la institucionalidad Santos tomó el camino, otra vez, de aislar los casos para generar en la opinión pública la sensación de que son eventualidades, y no una política paramilitar de exterminio en asociación con élites económicas y políticas de esta nación descuadernada.

Los recientes ataques y asesinatos contra personas pertenecientes al movimiento social y popular avivan las alarmas que nunca han dejado de sonar. Estos hechos, inevitablemente, nos recuerdan la persecución y exterminio sistemático que padeció la Unión Patriótica. Desde entonces la macabra labor de estigmatizar y perseguir a la oposición no ha cesado, sin embargo, en los últimos meses es evidente un reaccionar ofensivo y fortalecimiento del paramilitarismo en zonas donde antes las FARC-EP tenían presencia territorial.

El auge de grupos armados ilegales en función de estructuras paramilitares y de narcotráfico viene creciendo con fuerza en el país, en especial, en aquellas zonas que eran de influencia de las FARC-EP y que, hoy por hoy, se han convertido en regiones en disputa territorial por el control de las economías ilegales. Hay que decir, además, que esta relación entre el crecimiento paramilitar con el aumento de las cifras de asesinatos de líderes y lideresas deja entrever la complicidad de sectores de la Fuerza Pública, gobiernos locales y actores económicos y políticos.

Sin lugar a dudas estamos —una vez más— de frente a una política nacional de exterminio, promovida y financiada por sectores políticos, económicos legales y por actores armados organizados alrededor del paramilitarismo multiforme, que pretende amedrantar a las poblaciones pertenecientes a los movimientos sociales y populares de Colombia. No se tratan de hechos aislados. Que no nos engañen más. De nuestro pasado sí hemos aprendido y es claro, pues, que hay una capacidad de acción conjunta y articulada con el poder suficiente para accionar al mismo tiempo en varias regiones del país, aunque no obedezcan a una misma estructura político militar como en los años 90.

Hace ya más de un año, los miembros del entonces Secretariado de las FARC-EP enviaron al señor Santos una carta pública en la que insistían en que “es de conocimiento público que quienes están detrás de estos asesinatos selectivos y de carácter político, son los mismos que han cosechado dinero, poder y privilegios, gracias a la guerra (…)”. Quienes mandan a matar a dedo parecen ser los mismos o, al menos muy cercanos, de esos que no les convence ningún acuerdo paz, porque ya saben de sobra que la guerra es el camino para seguir incrementando su poder exacerbado y sus privilegios de dominación. De manera desafortunada estos señores de corbata y fusil nos han acostumbrado a vivir en medio de la zozobra de la guerra. Quizá, por eso, hoy en día como sociedad nos confunde tanto el cese del enfrentamiento macabro entre las FARC-EP y el Estado colombiano.

El fenómeno paramilitar, aunque hoy día haya mutado y se disfrace en “Los Úsuga”, “Los Urabeños”, “El Clan del Golfo”, “Las águilas Negras” o, finalmente, bajo la misma cobija de “Las autodefensas Gaitanistas”, es un problema vigente de las realidades nacionales, y como sociedad no podemos seguir dándole la espalda a su actuar mientras los mismos grupos se enriquecen y a las comunidades rurales empobrecidas de este país se les sigue estigmatizando, persiguiendo y aniquilando por suponer otra forma de gobernanza más autónoma, más colectiva, más participativa; menos sangrienta. No es suficiente alborotar un humero para desviar la atención y esconder así la responsabilidad de sectores de la sociedad (legales e ilegales) que han promovido, articulado y convivido con la propuesta paramilitar de país. No es un secreto, entonces, que la incapacidad y falta de voluntad ética de las autoridades para accionar una respuesta seria y responsable con las gentes y territorios afectados, contribuye a la prolongación histórica de la violencia y la impunidad reinante.

Es pertinente cuestionar el papel y la efectividad de instituciones como la Fiscalía General de la Nación. ¿Cuántas personas han sido condenadas por los asesinatos de líderes y lideresas del movimiento social y popular? Ahora bien, ¿cuántas mujeres y hombres han sido vinculados a investigaciones judiciales por su presunta responsabilidad con delitos políticos? Es vergonzoso que se persigan y capturen a las personas por tener un pensamiento crítico y disidente, cuando a los asesinos intelectuales y materiales ni siquiera se les abre un archivo de investigación.

Preocupa los niveles perpetuos de impunidad de este país. Los montajes judiciales hacen parte, en la mayoría de los casos, de una estrategia para seguir persiguiendo y estigmatizando a los integrantes de los movimientos sociales y populares. De modo que no se trata solo del acto denigrante de asesinar a los líderes y lideresas, sino de criminalizar las expresiones sociales como la protesta y las labores transformadoras y restaurativas de las organizaciones sociales y de víctimas.

El dolor y la impotencia por todos estos asesinatos tienen que superar la zona de confort e ir así sea un paso más allá de la explosión mediática. Como sociedad, se me hace, no podemos seguir ignorando las evidencias que se han ido regando de la olla durante tantos años; como sociedad y por mero respeto a la vida debemos reconocer la grandeza de los movimientos campesinos, indígenas, afro, estudiantiles, LGTBI, feministas, en fin, de todos aquellos y aquellas que viven en estado encantado de resistencia. Sus luchas y reivindicaciones, en últimas, son una forma de sanar algunas de todas esas heridas malsanas que cada colombiano y colombiana cargamos en nuestra mirada acostumbrada. Como sociedad tenemos el derecho y el deber de resistir. Que la indiferencia hipócrita deje de sentarse tan a sus anchas en nuestras salas.