EL INDULTO TÁCITO

*Andrés Mejía Bocanegra

Han pasado más de dos años desde que se hizo público el vergonzoso escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia. Unos cuantos meses después de conocer las conversaciones que hacían evidente que el fiscal general de la nación conocía de las irregularidades en los contratos de la concesionaria de la Ruta del sol II; de la intrincada muerte del testigo clave en la investigación, Jorge Enrique Pizano, y su hijo Alejandro Pizano –que dejan más dudas que certezas–, y el señor Néstor Humberto Martínez nada que renuncia a su cargo.

No han sido suficientes las dos movilizaciones de indignación y repudio contra el fiscal general que se presentaron en las principales ciudades del país para exigir su renuncia, a principios de este año. Tampoco sirvió el debate en el Congreso al que fue citado Martínez, donde se defendió con las armas más viles, utilizando como escudo información obtenida con todo el aparataje institucional desde la propia Fiscalía.

Por su parte, el Gobierno Nacional en la supuesta cabeza del presidente Duque, no ha hecho más que facilitarle las cosas al señor Martínez, al postular una terna llena de suspicacias para designar un fiscal ad hoc. Este fiscal encargado tiene la función de asumir la investigación de Néstor Humberto Martínez, es decir, va a descargarlo de la responsabilidad de renunciar frente a los impedimentos en la investigación del caso de la constructora Odebrecht, quien le pagó a los gobiernos de Uribe y de Santos más de 11 millones de dólares en sobornos y logró un beneficio de más de 50 millones de dólares.

No es clara si la figura del Fiscal ad hoc estaría en plena independencia para investigar los hechos de corrupción aquí descritos, o en términos legales y financieros, habría una subordinación ante la Fiscalía General de la Nación y, en definitiva, se le terminarían reportando a Néstor Humberto Martínez los avances de la investigación.

En todo caso, es ingenuo asumir que a pesar de tantas evidencias pueda haber una mínima posibilidad de que el fiscal general decida renunciar a su cargo. Las relaciones políticas y económicas que lo llevaron a posesionarse evidencian su cercanía con los nodos que han ocupado históricamente el poder en el Estado Colombiano. La Fiscalía General de la Nación desde su creación hasta hoy, no se ha destacado por ser una institución independiente, que propenda por la búsqueda de la justicia, sino que ha estado sincronizada con los intereses particulares de fuerzas criminales, gobiernos de turno y poderes económicos del país.

El perfil de Néstor Humberto Martínez, publicado por el portal La Silla Vacía (1), dice que en el gobierno de Virgilio Barco ocupó el cargo de Superintendente Bancario; fue miembro de la junta directiva del Banco de la República y luego pasó a ser subgerente legal del Banco Interamericano de Desarrollo; hizo parte del gobierno de Ernesto Samper como ministro de Justicia. En la presidencia de Andrés Pastrana llegó al Ministerio del Interior de la mano de un grupo de liberales que apoyaron su candidatura presidencial. Este mismo grupo liberal terminaría siendo el origen del partido Cambio Radical.

Luego de este paseo por el poder político, Martínez se dedicó por completo a realizar asesorías legales en el sector privado, sobre todo, al conglomerado económico de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Las asesorías benévolas del actual fiscal contribuyeron a enchapar el camino de riqueza de Sarmiento Ángulo, uno de los hombres más ricos de Colombia. Dos de sus grandes hazañas: 1. Fue su asesor legal en la compra de la Casa Editorial El Tiempo, y 2. colaboró con el ingreso del Grupo Aval a la bolsa de Nueva York (2).

En el gobierno de Juan Manuel Santos figuró como asesor en el proyecto de Ley de Baldíos del 2013, que permitiría mejorar la situación de los grandes compradores de tierra, por encima de lo permitido legalmente. Además, ocupó el cargo de superministro en el segundo mandato de Santos, interponiéndose al proyecto de reforma de la justicia, con el propósito, entre otras cosas, de cambiar la Comisión de Acusaciones del Senado, por un tribunal de aforados, para investigar al fiscal general, presidente y magistrados de altas cortes. Unió sus esfuerzos con Leonidas Bustos, presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese entonces, para hacerle frente a la reforma a la justicia y quien, en definitiva, impulsó la candidatura del señor Martínez a la Fiscalía General (3).

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación desde sus inicios ha estado involucrada en enredos: se presentaron actuaciones dudosas frente a miembros del Cartel de Cali y los narco-casetes en el proceso 8000; nexos con los paramilitares, que han sido documentados en diversos testimonios ante Justicia y paz; además de lentitud y negligencia con respecto a casos que involucran a personajes poderosos, como en los casos de Saludcoop y Odebrecht.

Queda claro que esta institución y los personajes que han estado al frente de ella, no han sido un ejemplo de rectitud y ética profesional. Es evidente que en todos los casos la Fiscalía General de la Nación ha estado al servicio de los gobiernos de turno y sus intereses, ha estado presta a funcionar como herramienta que permite la corrupción al interior del Estado y participa de ella. Se ha configurado como un lugar especial para posicionar engranajes estratégicos de grandes conglomerados económicos; tal es el caso del Grupo Aval y los demás negocios de Luis Carlos Sarmiento Angulo, los cuales no van a ser investigados por la fiscalía, permeada por sus intereses políticos y privados.

Las diferentes instituciones del Estado han estado cooptadas por un grupo específico de personas que defienden su clase, sus poderes políticos y privilegios económicos. El mismo grupo de personas que ha gobernado el país a lo largo de su historia. Como el señor Martínez, han pasado por distintos cargos en las instituciones del Estado, apadrinados por políticos o amigos. Relaciones que determinan el curso de sus carreras, costeadas con favores políticos o, como en este caso, con demoras, negligencia y lentitud en procesos de investigación conectados con esos mismos amigos o padrinos por quienes fueron promovidos.

Resulta inocente pensar que la renuncia del fiscal general de la nación se volverá una realidad. Quien ha tenido una trayectoria política como la del señor Martínez, no tiene que preocuparse por ser relegado de su cargo y mucho menos ser juzgado. Sus relaciones políticas, sus tránsitos por la asesoría de conglomerados económicos poderosos como el Grupo Aval, el hecho de pertenecer a un selecto grupo —quienes determinan cómo se gobierna y el tipo de sistema económico debe prevalecer— que defiende su clase y sus privilegios al costo que sea, le otorga un indulto tácito.

(1). Cuervo, J. I. (10 de diciembre de 2018). Un fiscal ad hoc: ¿la solución? Razón pública. https://razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/11634-un-fiscal-ad-hoc-la-soluci%C3%B3n.html

(2). Cuervo, J. I. (10 de diciembre de 2018). Un fiscal ad hoc: ¿la solución? Razón pública. https://razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/11634-un-fiscal-ad-hoc-la-soluci%C3%B3n.html

(3). Benavides, F. S. (19 de noviembre de 2018). De acusadores a acusados: Néstor H. Martínez y sus siete antecesores. Razón pública. https://razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/11583-de-acusadores-a-acusados-n%C3%A9stor-h-mart%C3%ADnez-y-sus-siete-antecesores.html

*Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia.