ASOTRACAGUA se suma al Paro Nacional indefinido

ASOTRACAGUA

Fotografía: El Oso

Hace un par de días, la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdos (MIA) informó a la opinión pública su decisión de convocar a un Paro Nacional indefinido a partir de hoy, 23 de octubre de 2017. El comunicado “La paz se construye desde los territorios ¡Y vamos a defenderla!”, convoca a las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, afrodescendientes y a la ciudadanía en general a solidarizarse con la situación desfavorable que viven todas las comunidades rurales empobrecidas de este país, con la intención de exigir la implementación de los puntos acordados en el acuerdo final para la terminación del conflicto.

La Coordinadora de cultivadores de hoja de coca, amapola y marihuana (COCCAM), la Asociación Nacional de las Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas (CONPI), la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades afrodescendientes (CONAFRO) y las comunidades agrarias y organizaciones sociales de los departamentos del país nos sumamos a este Paro Nacional indefinido.

La Asociación Campesina de Trabajadores de la Región del Río Guaviare (ASOTRACAGUA) se suma a estas jornadas de indignación y de movilización social porque entendemos que la paz no solo implica la dejación de armas y el fin de la guerra entre las FARC y el Gobierno Nacional sino, sobre todo, necesita transformaciones regionales económicas, sociales y políticas, mediante la justicia social, la ampliación de la participación en la toma de decisiones democráticas, la reconciliación y el principio de no repetición. No solo basta que ya no existan enfrentamientos armados entre las partes, sino urge la implementación de lo pactado en La Habana, pues de los puntos acordados depende la vida digna y el buen vivir de nuestras comunidades.

El incumplimiento sistemático de la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana por parte del Gobierno Nacional no solo afecta a las y los excombatientes de las FARC-EP comprometidos con cumplir su palabra, sino a nuestras comunidades rurales, históricamente marginadas. Es importante aquí hacer un llamado a la sociedad en general para que entienda que las circunstancias actuales de la implementación ponen en riesgo el fin del conflicto armado en Colombia. En regiones como el Guaviare, Caquetá, Meta, Vichada, Guanía, Norte de Santander, Putumayo, Nariño, Chocó, entre otras tantas, el Acuerdo Final es nuestra esperanza de, por fin, dejar atrás tantos años de empobrecimiento, marginación y guerra, para participar activamente en el ordenamiento productivo de nuestros territorios sin devastar los bosques, selvas y aguas.

Los incumplimientos por parte del Gobierno Nacional en la implementación normativa y territorial, además de las posiciones malintencionadas de algunos sectores políticos opuestos a la paz, el asesinato sistemático de nuestros líderes y lideresas, la violencia Estatal contra las gentes que han sobrevivido del cultivo de la hoja de coca —inscritas en los planes regionales de sustitución voluntaria—, la erradicación forzada, el aumento de estructuras paramilitares y la criminalización de la protesta social nos generan la sensación agobiante de que se pretende generar un escenario confuso de renegociación de lo pactado en La Habana, de cara a las elecciones del 2018.

Decidimos, entonces, irnos a Paro Nacional indefinido. Es un momento crucial para que la gente que nunca ha volteado su mirada hacia el campo y sus comunidades, nos vea, nos escuche, nos respete. Nuestras voces exigen implementación normativa y territorial del acuerdo de paz; reivindicaciones locales – territoriales y el cumplimiento de los acuerdos pactados anteriormente con los gobiernos locales y nacional; garantías de seguridad para el ejercicio de la política y la protesta social, seguridad para las comunidades rurales y reactivar los puntos pendientes e incumplidos del pliego de 2013.

De igual forma rechazamos y denunciamos de antemano “los planes de señalamiento, estigmatización y falsos positivos judiciales que se adelanten por parte de las fuerzas militares y el Gobierno nacional” hacia las organizaciones que hagan parte de este gran paro.